Amparo Arbeláez Escalante, senadora de la República.
Silencio es lo que ha guardado la senadora Amparo Arbeláez Escalante respecto a la noticia conocida de la investigación preliminar en su contra que ha pedido la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por supuestas irregularidades en la compra de kit alimentarios cuando ejerció como gobernadora del Quindío.
Ayer La Crónica del Quindío se comunicó telefónicamente con la congresista y sus asesores, quienes estaban en Bogotá, para conocer sus apreciaciones sobre el hecho, no obstante la legisladora se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno y no atendió a este medio escrito.
Sobre la investigación se dijo desde la CSJ que aparentemente, no se respetaron los parámetros del estatuto de contratación en el convenio celebrado por la ex mandataria, cuando estuvo al mando del gobierno seccional.
Asimismo, el alto tribunal ordenó una serie de pruebas para establecer si le da la razón o no a las denuncias interpuestas en contra de la ahora senadora por supuestos hechos de corrupción.
Arbeláez Escalante es congresista de la comisión sexta de la cámara alta y fue elegida por el partido Liberal.
Este proceso se suma a otros, particularmente disciplinarios, entre los que se destaca el de posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del teleférico de Buenavista, que aún no está en funcionamiento.
En este sentido, la Procuraduría General de la Nación, PGN, ya le formuló pliego de cargos.
Sobre este caso, se ha indicado que el contrato motivo de investigación fue suscrito el día 29 de junio de 2007 entre la gobernación y la firma System & Techonologie Systech Ltda., por un valor de $1.642 millones 700 mil 826.
Según las pruebas recaudadas, al parecer se vulneró el deber de selección objetiva consagrado en el estatuto de contratación, por cuanto se excedió la cuantía máxima permitida para adjudicar de manera directa, y se violó el principio de planeación por no contar con los estudios previos señalados en la normatividad.
Concretamente, el procurador delegado para la moralidad pública, Fabio Yezid Castellanos Herrera, busca establecer la responsabilidad administrativa de la ex mandataria, por cuanto para 2007 la cuantía máxima permitida para contratar de manera directa era de apenas $173 millones 480 mil 826 pesos.
Para el ministerio público, el contrato no debió ser suscrito bajo el amparo de los parámetros establecidos para los conceptos de ciencia y tecnología, toda vez que, al analizar las características particulares, no se encontraron elementos que se relacionen con el nivel científico, inventiva o transferencia de tecnología, requeridos para este tipo de contratación.
Finalmente, es de precisar que según el reporte del Sistema de Información Misional, SIM, de la PGN, el ente de control adelanta nueve investigaciones disciplinarias contra la senadora Amparo Arbeláez Escalante, informe que fue publicado a finales de marzo de este año por este medio.