En un gobierno como el de Juan Manuel Santos que demostró desde sus primeros días disposición gerencial para dirigir el conjunto de organismos políticos que conforman el poder ejecutivo, debe causar descontento lo que pasó en el Icbf del Quindío.
Un correveidile auténtico, subalterno de uno de los asistentes de la dirección nacional del instituto llegó a Armenia el 30 de diciembre y ya en la ciudad, se dirigió al despacho de la directora regional Fabiola Echeverri. “Le traigo malas noticias” –le dijo el “San Gabriel” de este episodio y claro, se destapó con dos cartas elaboradas por su jefe, el asistente de la dirección central, una, la renuncia irrevocable del cargo y dos, la declaratoria de insubsistencia para la funcionaria. ¿Qué tal la forma como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar doctora Elvira Forero retira a los directores regionales? Vulgar, carente de distinción el procedimiento del gobierno nacional representado por Icbf.
Sucedió en otras regionales del país, sin embargo, acogemos el caso del Quindío porque del procedimiento adoptado nos enteramos en Armenia amplia y detalladamente. Al director regional en Santander lo hicieron viajar a Bogotá para hacerle el mismo anuncio. A la directora de Caldas —en comisión— la volvieron a su puesto sin más ni más, porque de lo que se trata ahora, es de un nuevo juego político. Las exigencias en concurso para poder acceder a estos cargos no cuentan en política. La meritocracia es una mentira más del sistema de gobierno en Colombia, o por lo menos así lo demuestra la forma como se está procediendo en el “nuevo concurso” que seguramente se abrirá, pero en el que los ganadores tendrán que ser de la cuerda de los parlamentarios a quienes el gobierno nacional vaya a premiar.
El relevo en el Icbf en el Quindío nos parece sucio porque durante todas las evaluaciones que conocimos acerca de la gestión regional de la dirección, la de aquí siempre estuvo en los primeros lugares. Este es un desempeño con mediciones trimestrales que hace bienestar familiar, empero ahora vale preguntarse: ¿Para qué mide el desempeño de sus funcionarios este organismo?
Lo que está pasando es vox pópuli, se difunde por todas las regionales ahora temerosas y con miedo al vendaval clientelista, preocupadas por la suerte de una institución tan respetable y de tan noble misión en la vida institucional del país.
El objeto fundamental de este organismo del Estado es el de “propender y fortalecer el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos” teniendo además dentro de sus objetivos, “fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar sus derechos y brindar protección a los menores”; esa la razón por la que le corresponde al Icbf coordinar e integrar el servicio público de bienestar familiar.
¿Será que mediante procedimientos politiqueros se coordina e integra a Bienestar Familiar en Colombia?
Ese es el país que no cambia. Esas son las cosas horripilantes que suceden y de las que casi nunca se entera el presidente de la República porque esa función, la de los malos, no es papel que corresponde al jefe de Estado. Los segundones en las familias políticas donde hay mayorazgo tienen que hacer eso por obra y gracia del sistema y en Colombia este modelo es estático y viene de muchos años atrás. Esta es una mecánica que abarca el cuerpo de la nación entera desde hace muchos años, que avasalla la vida pública del país y que por lo demás, contribuye al sostenimiento de la corrupción política. Esto está dentro de la legalidad colombiana. Nada de lo que se está haciendo en el Icbf está por fuera de la ley, ni mucho menos de la autonomía administrativa. Son decisiones que cubre el Estado de derecho y él, señala claramente a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, sin embargo, que cosa más sucia. Para el gobierno de Santos este es un malísimo ejemplo.