Desde cuando la tragedia invernal se mostró en toda su magnitud y los colombianos vieron en los medios de comunicación el inmenso daño que las aguas han causado a los poblados y a los cultivos, entendieron que eso les iba a costar en sus bolsillos, que habría una contribución extraordinaria por la vía de nuevos impuestos para ayudar a pagar la reconstrucción de las viviendas y para sufragar los daños en los enseres de los damnificados.
Las donaciones voluntarias, aunque importantes, serían apenas paños de agua tibia para paliar mercados y utensilios de primera necesidad frente a los daños causados.
Y el gobierno ha decretado esos impuestos. Gravar los patrimonios mayores a mil millones de pesos a personas naturales y empresas con una tasa de uno por mil.
No es nada despreciable pues aspira a recoger 3.3 billones de pesos, algo más de la mitad de los costos esperados. Los nuevos contribuyentes deben asimilar esta medida como un sacrificio de sus actividades que seguramente traerá dificultades, pues no todos los bienes resultan ser productivos.
Lo que si se espera es que ese dinero sea invertido y gastado en el propósito, sea bien manejado, no se dilapide, no se desvíe a lo que no debe ser.
Ya sabemos que donde hay plata aparecen los vivos a reclamar auxilios y permitirlo sería francamente una decepción para los contribuyentes y un descrédito para el gobierno.