Luego de haber ganado una tutela por exceso de ruido, habitantes de La Tebaida denuncian el incumplimiento de la misma. Por más de tres años la comunidad del sector conocido como Plaza Nueva, ha debido soportar el escándalo de discotecas, estanquillos y ventanillas que se encuentran ubicadas en la zona.
Desde el año pasado enviaron derechos de petición a las autoridades encargadas de velar por este tema en la región, pero nunca recibieron una respuesta a la problemática. “En enero instauramos una tutela que ganamos en febrero en contra de la alcaldía y la CRQ donde esta última impugnó, pero en marzo volvió a salir a nuestro favor. A pesar de eso, hasta la fecha no hemos obtenido ningún resultado, la situación sigue igual y tiende a empeorar”, aseveró Idalba Caro Salazar, afectada.
El consumo de bebidas alcohólicas y ruido de los establecimientos y vehículos que se parquean en el sitio, inicia desde muy temprano en la mañana, hasta la madrugada, los fines de semana principalmente. “Cuando cierran los locales, las personas salen a gritar, quiebran botellas y patean las puertas de las viviendas. Estamos cansados con esto y sobre todo cuando sabemos que la ley está a nuestro favor y no se hace cumplir para mejorar las condiciones de la comunidad, sino para beneficiar a los propietarios de estos sitios”, explicó José Manuel Ramírez, afectado.
Afirma que la administración y la corporación se “tiran la pelota” y al final ninguno de los dos toma medidas contra los locales que aún funcionan y causan molestias a los habitantes. “Sabemos que estos establecimientos son necesarios en las localidades, pero es indispensable que tengan en cuenta el cumplimiento del control del ruido. La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, nos notificó que ya habían enviado a la alcaldía el reporte sobre la medición de los decibeles en este sector para que tomaran los correctivos, pero que allá no lo han hecho. Vamos a la alcaldía y dicen que le corresponde a la CRQ, en eso nos han tenido todo este tiempo y ya no queremos esperar más”, ratificó Ramírez.
Por otra parte, explicaron que aunque la contraloría solicitó a la personería municipal que este caso fuera investigado, hasta la fecha no han recibido ningún resultado. “Todos están notificados, pero ninguna de las autoridades encargadas de hacer valer nuestros derechos han hecho algo para hacer cumplir la ley, creo que ya es hora de que tomen las sanciones pertinentes para que esto tenga el final que todos los afectados queremos”, afirmó Caro Salazar.
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