Si la cosa pública de estos tiempos tuviera un mínimo de vergüenza, una reducida dosis de timidez que le ayudara a cohibirse de la corrupción, el Quindío como muchas otras regiones del país disfrutarían de condiciones y alternativas superiores a las actuales.
En el departamento entre el 2004 y el 2007 se despilfarraron dineros públicos. Sucedió por ejemplo con cerca de $2 mil millones malgastados en el teleférico de Buenavista. Hay que decir sobre ese caso, que se ha especulado sobremanera, pero no ha habido un pronunciamiento real de la procuraduría que revele efectos investigativos. El tema ha llegado al extremo de silenciarse, como si no se hubiera hecho ningún daño a los dineros públicos. Para la procuraduría hasta el momento presente, no ha pasado nada, salvo que en cualquier momento se diga otra cosa por el ministerio público.
Gastos excesivos como los que se hicieron en parques de algunos municipios, unas obras sin fuerza ni física ni moral, lugares llenos de desagradables antecedentes como por ejemplo el parque de Calarcá que no sólo lo convirtieron en un elemento urbano feo, sino que la calidad de las obras dejaron mucho que desear. Sin embargo en el Quindío no pasa nada porque ni existe un mínimo de vergüenza en el sector público, ni se alcanza a ver la eficiencia de los entes de control en el Quindío.
Ahora bien, es necesario aclarar que no sólo el Quindío tiene problemas de esta naturaleza, fundados en la inmoralidad que ha llevado a corromper tantas cosas; hace una semana al destituido gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, la Contraloría General de la República le abrió investigación por una presunta responsabilidad en detrimento patrimonial de ese departamento por valor de $430 mil millones. Esas son cifras y palabras mayores, pero claro en el Valle deben existir guardianes celosos de lo público, en el Quindío se comenta en todos los corrillos lo que ocurre en ciertas dependencias oficiales y se habla hasta en extremo sobre hechos del pasado que acribillaron las finanzas públicas, pero no pasa nada. Lo cierto es que sólo la administración del señor David Barros Vélez ha sido enjuiciada y castigada por la justicia. Subalternos de esa administración están pagando condenas en peores condiciones carcelarias que el señor Barros, quien tiene derecho a privilegios por la trayectoria de su vida pública y eso por supuesto, lo contempla la ley, tiene derecho a una ERE, Establecimiento de Reclusión Especial, los otros ex funcionarios de esta administración corren suerte diferente.
Los años 2004 al 2007 fueron fatales para la administración pública en el Quindío. En el caso del Valle cuenta mucho el poder del sector empresarial, el histórico liderazgo de ese departamento en el país, su importancia en la economía y desde luego en la política nacional. La contraloría está indagando para establecer qué tan convenientes fueron los contratos que el señor Abadía firmó comprometiendo recursos públicos del Valle del Cauca hasta el 2020.
En el Quindío pocos, muy pocos ciudadanos, tienen interés en políticas sociales y por eso no se exige desde el departamento a los organismos de control que se investiguen casos que han dejado mucho que desear. El gobierno departamental se queja de su incapacidad para la inversión pública y eso es verdad, pero la administración nunca ha dicho nada sobre la inconveniencia de los contratos y de los gastos exagerados que el anterior gobierno hizo con dineros que la administración López Espinosa ha tenido que ir pagando. Que se recuerde, la asamblea autorizó al gobierno durante el periodo pasado para hacer empréstitos por valor de $15 mil millones y fue con parte de esos recursos de crédito que se hicieron las exageradas e innecesarias inversiones que terminaron generando muchos comentarios, pero sin respuesta de los entes de control.
Inversión útil la que ha hecho el actual gobierno seccional. Con recursos propios se terminó la pavimentación Salento-Cocora que estará dejando resultados muy favorables en menos de un mes, cuando se llegue a la Semana Santa. Lo cierto es que en el Quindío falta liderazgo, también para reclamar.