En la historia de la asamblea departamental del Quindío no falta una que otra ordenanza lesiva a los intereses de la región. Las “leyes” regionales han fallado en forma permanente durante casi 45 años.
El último día de febrero la Cámara de Comercio de Armenia le envió al gobernador Julio César López un documento bien elaborado, razonablemente redactado y jurídicamente claro, en el que respetuosamente le solicitó al mandatario Julio César López Espinosa apoyar la iniciativa referente a la supresión de la estampilla pro-hospital que el departamento reglamentó por medio de la ordenanza 0005 de abril 04 del 2005. La asamblea modificó después —cuatro años más tarde— el citado mandato ordenanzal, sin que el perjuicio económico a la región se haya remediado. Se trata de gravámenes que afectan actos de registro en la Cámara de Comercio y que del mismo modo, le hacen daño al registro de la propiedad en la oficina especializada, la de instrumentos públicos.
Bien elaborado porque se trata de un documento que en forma detallada y minuciosa le pone de presente todos los antecedentes en lo que tiene que ver con la estampilla a que se obliga en la ordenanza aprobada por la asamblea y sancionada en su oportunidad por el gobierno. Razonablemente redactado porque ciertamente en el Quindío especialmente en Armenia la industria de la construcción ha salido adelante porque casi todo en la región ocurre de milagro, pero no porque se tengan incentivos. Todo lo contrario, el Quindío y su capital son especialistas en el desestímulo. Un inversionista público o privado viene al departamento a detallar alternativas para la inversión y si no lo sacan corriendo las normas con las cuales trabaja la administración pública, ellos, los inversionistas, salen raudos después de analizar las equivocadas condiciones que aquí prevalecen en materia de impuestos, registros, estampillas, pelos y cuantas arandelas aparecen en el camino. Se van, no encuentran razones para quedarse. Por eso tienen tanto mérito los empresarios de la construcción en el Quindío. Algunos se defienden haciendo obras y desarrollando proyectos en otras ciudades capitales de la región y del país. Constructores quindianos se le han metido a Bogotá y no se han ahogado, a pesar de la turbiedad de las aguas capitalinas. Han sido tan guapos, que en forma airosa pueden mostrar ejecutorias importantes o por lo menos ejecutoriadas sin llegar a las sucias caravanas de la contratación que hoy corrompen a Colombia.
El documento que la Cámara de Comercio le envió al señor gobernador Julio César López con la firma de Rodrigo Estrada Revéis en solicitud de apoyo a la supresión de la ordenanza citada al comienzo de esta nota, fue claro en su concepción jurídica porque además quedaron ampliamente expuestas. Se explicaron las razones de orden jurídico. En el Quindío se han creado impuestos a documentos que las leyes de la República ya ha gravado y eso lo prohíbe la Constitución. A las asambleas les está prohibido por la Carta Suprema de la República imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravadas por la ley. La Cámara puso en manos de la administración departamental un documento que por lo demás muestra algunas sentencias de la Corte Constitucional.
El departamento no puede seguir indefinidamente promulgando ordenanzas y los gobiernos regionales llevando a esa corporación iniciativas de este mismo tenor, cuando al contrario de hacerle bien al territorio le hacen mucho daño. Los efectos económicos derivados de las malas ordenanzas están probados hasta la saciedad. Armenia puede ser una ciudad mejor en la calificación que con alguna frecuencia se hace en el país para establecer indicadores relacionados con la facilidad de condiciones para crear empresa, el registro de propiedades y el pago de impuestos. El gobierno seccional tiene que mirar con detenimiento todos estos asuntos para que demuestre la realidad y la buena fe de sus aportes al mejoramiento continuo del departamento y a la competitividad a la que tanto le ha apostado el mandatario López Espinosa.
El último día de febrero la Cámara de Comercio de Armenia le envió al gobernador Julio César López un documento bien elaborado, razonablemente redactado y jurídicamente claro, en el que respetuosamente le solicitó al mandatario Julio César López Espinosa apoyar la iniciativa referente a la supresión de la estampilla pro-hospital que el departamento reglamentó por medio de la ordenanza 0005 de abril 04 del 2005. La asamblea modificó después —cuatro años más tarde— el citado mandato ordenanzal, sin que el perjuicio económico a la región se haya remediado. Se trata de gravámenes que afectan actos de registro en la Cámara de Comercio y que del mismo modo, le hacen daño al registro de la propiedad en la oficina especializada, la de instrumentos públicos.
Bien elaborado porque se trata de un documento que en forma detallada y minuciosa le pone de presente todos los antecedentes en lo que tiene que ver con la estampilla a que se obliga en la ordenanza aprobada por la asamblea y sancionada en su oportunidad por el gobierno. Razonablemente redactado porque ciertamente en el Quindío especialmente en Armenia la industria de la construcción ha salido adelante porque casi todo en la región ocurre de milagro, pero no porque se tengan incentivos. Todo lo contrario, el Quindío y su capital son especialistas en el desestímulo. Un inversionista público o privado viene al departamento a detallar alternativas para la inversión y si no lo sacan corriendo las normas con las cuales trabaja la administración pública, ellos, los inversionistas, salen raudos después de analizar las equivocadas condiciones que aquí prevalecen en materia de impuestos, registros, estampillas, pelos y cuantas arandelas aparecen en el camino. Se van, no encuentran razones para quedarse. Por eso tienen tanto mérito los empresarios de la construcción en el Quindío. Algunos se defienden haciendo obras y desarrollando proyectos en otras ciudades capitales de la región y del país. Constructores quindianos se le han metido a Bogotá y no se han ahogado, a pesar de la turbiedad de las aguas capitalinas. Han sido tan guapos, que en forma airosa pueden mostrar ejecutorias importantes o por lo menos ejecutoriadas sin llegar a las sucias caravanas de la contratación que hoy corrompen a Colombia.
El documento que la Cámara de Comercio le envió al señor gobernador Julio César López con la firma de Rodrigo Estrada Revéis en solicitud de apoyo a la supresión de la ordenanza citada al comienzo de esta nota, fue claro en su concepción jurídica porque además quedaron ampliamente expuestas. Se explicaron las razones de orden jurídico. En el Quindío se han creado impuestos a documentos que las leyes de la República ya ha gravado y eso lo prohíbe la Constitución. A las asambleas les está prohibido por la Carta Suprema de la República imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravadas por la ley. La Cámara puso en manos de la administración departamental un documento que por lo demás muestra algunas sentencias de la Corte Constitucional.
El departamento no puede seguir indefinidamente promulgando ordenanzas y los gobiernos regionales llevando a esa corporación iniciativas de este mismo tenor, cuando al contrario de hacerle bien al territorio le hacen mucho daño. Los efectos económicos derivados de las malas ordenanzas están probados hasta la saciedad. Armenia puede ser una ciudad mejor en la calificación que con alguna frecuencia se hace en el país para establecer indicadores relacionados con la facilidad de condiciones para crear empresa, el registro de propiedades y el pago de impuestos. El gobierno seccional tiene que mirar con detenimiento todos estos asuntos para que demuestre la realidad y la buena fe de sus aportes al mejoramiento continuo del departamento y a la competitividad a la que tanto le ha apostado el mandatario López Espinosa.