La transparencia de los actos oficiales, especialmente inherentes al sistema de contratación, se quedó sin acceder a la opinión pública. La sana conducta es transitoria y pertenece al mundo de los llamados casos aislados. La decencia pública se acabó.
El Quindío no pudo sustraerse a los carteles de la contratación que llegaron al país para hacer permeables las leyes que regulan el sistema de convenir o pactar operaciones comerciales, por ejemplo la ejecución de obras públicas. Penoso es decirlo, pero en este pedazo tan pequeño de la geografía del país han ocurrido cosas tan graves y obviamente reveladoras de corrupción, como las sucedidas en Bogotá por los más vergonzosos episodios de los que se tenga noticia en la capital del país.
Cuando en un municipio del tamaño de Buenavista en el Quindío se presenta un caso de corrupción como el del teleférico inoperante, esa cosa vulgar cínicamente presentada hace algunos años como obra pública importante valorada en cerca de 1 mil 800 millones de pesos, pues proporcionalmente, el caso Buenavista es tan grande como inmenso el tamaño de los saqueos que se han hecho al tesoro público de Bogotá. Lo que pasa es que lo del Quindío no trasciende, a lo de esta región no se le presta atención por parte de la Contraloría General de la República y la procuraduría cuando ha actuado para sancionar a funcionarios del Quindío, lo ha hecho contra los más chiquitos.
La justicia penal se demoró mucho tiempo para hacer un fallo ejemplar —ya lo hizo sobre un solo caso— aunque a decir verdad puede ser el de Armenia, el único hecho del país en condiciones de demostrar cómo por la eficiencia de la administración de justicia hay un ex alcalde de Armenia en la cárcel y cómo corren la misma suerte un ex gerente de las Empresas Públicas Municipales y un ex secretario de infraestructura también del municipio. Las tres personas privadas de la libertad pertenecieron a una misma administración pública municipal.
Calarcá, Salento, La Tebaida, Buenavista, han sido entre otros municipios víctimas de inescrupulosos actos administrativos que no han pasado a mayores sencillamente porque el departamento tiene más amanuenses que dolientes. El gobierno departamental ha debido, primero que cualquiera otra persona natural o jurídica, salir a denunciar hace tres años cuando se encontró el embuste, engaño o estafa al municipio de Buenavista, ante los organismos de control y vigilancia del Estado, inclusive a la Fiscalía a contar lo que encontró, a denunciarlo y a exigir sanción para los responsables. La administración no hizo nada porque el Quindío viene siendo parte de una sucesión de actos mal olientes, producto de inmoralidades continuadas.
La consigna en el departamento ha sido aguantar, no decir nada, tragar entero y por supuesto nadie lo hace. Hay que reconocer que el caso Buenavista fue denuncia más que con vehemencia, con un interés señalador, por el señor Rommel Hurtado García asesinado en el centro de la ciudad, cuando precisamente estaban de moda sus denuncias. Así se hace lo del gato, cada cual tapa sus propias heces y el departamento sigue al mismo ritmo, sin la más mínima consideración.
Algunos medios de prensa —no muchos— han presentado reclamos que finalmente han sido desatendidos. La Procuraduría General de la Nación amenazó en diciembre pasado; el Procurador Alejandro Ordónez dijo que no dejaría terminar el año 2010 sin revelarle al país decisiones de su despacho sobre investigaciones adelantadas contra altos funcionarios del Estado y según medios de prensa nacionales, el Quindío estaba entre los departamentos a los cuales se iba a referir la procuraduría específicamente por el caso del teleférico de Buenavista que hemos mencionado.
Vamos para el primer bimestre del año y las cosas siguen siendo iguales. Algunas manipulaciones extrañas debieron hacer parte del reciente proyecto de aguas en el Quindío y nadie ha dicho mayor cosa y mucho menos explicaciones del gobierno, porque respeto por lo público no se tiene en el departamento, como no existe en el país. Este anda manga por hombro en todas partes.